Reclaman multas más fuertes para las entidades que infrinjan las normas anti-blanqueo
Proponen que se prohíban empresas pantalla para evadir impuestos y lavar capitales

Jueces, fiscales y expertos anticorrupción de 15 países han enviado
una carta a los líderes del G-8 -EEUU, Alemania, Canadá, Francia,
Italia, Japón, Reino Unido y Rusia- en la que urgen a los gobernantes de
las ocho potencias que se reunirán la semana próxima en Irlanda del
Norte a tomar pedidas contra la corrupción, la evasión fiscal y el
blanqueo de capitales."Hemos sido testigos directos de los efectos
perjudiciales de los saqueos al Estado llevados a cabo por políticos y
funcionarios sin escrúpulos", comienza la carta, firmada, entre otros,
por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el
exfiscal anticorrupción de Argentina Manuel Garrido; el exconsultor del
Banco Mudial Richard Messick y el presidente de la Red de Justicia
Fiscal de EEUU y del comité de expertos en recuperación de activos de la
ONU Jack A. Blum.
Los expertos proponen que los países del G-8 se comprometan a tomar
medidas para impedir que se utilicen empresas pantalla para ocultar
actividades criminales. "Todos los políticos corruptos, los evasores de
impuestos y los criminales organizados utilizan redes complejas de
empresas para esconder y lavar el dinero robado. Creemos que gran parte
de la solución", aseguran, sería obligar a identificar a los "últimos
dueños de todas las empresas". Es decir, que no se pudiera registrar una
empresa a nombre de otra. Proponen, además, que esa información sea "de
dominio público". Así, aseguran, sería más fácil "atrapar a los
blanqueadores del dinero,y las empresas tendrían que rendir cuentas a
los ciudadanos y a los periodistas por sus acciones".
El extesorero del PP
Luis Bárcenas regularizó el año pasado 10 millones de euros que tenía en cuentas en Suiza ante la
Agencia Tributaria.
Su abogado, Alfonso Trallero, declaró que ese dinero opaco estaba
registrado a nombre de varias sociedades y que Bárcenas lo legalizó
aprovechando la amnistía fiscal del Gobierno. El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro,
lo negó entonces. Era una verdad a medias porque efectivamente Luis Bárcenas no había legalizado aquel dinero, lo habían hecho sus sociedades.
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