La anterior reforma ya preveía uno de los mayores recortes de gastos previstos del continente

España tendrá lista antes de que acabe el año su segunda reforma profunda del
sistema de pensiones
durante la crisis. Si el Gobierno, el Pacto de Toledo y los agentes
sociales se atienen a los dictados del informe de expertos presentado el
pasado viernes, España tendrá “un factor de sostenibilidad de tercera
generación que va más allá de cualquier país europeo”. Así lo definió
Rafael Doménech, uno de los componentes del grupo que ha elaborado el
informe que propone una definición del factor de sostenibilidad basada
en un doble mecanismo de ahorro: uno que desliga la evolución de las
pensiones del IPC y las vincula a la salud de las cuentas de la
Seguridad Social y otro que calcula la cuantía de la pensión inicial de
acuerdo a la esperanza de vida.
España se enfrenta a un problema muy serio en las próximas décadas.
La jubilación de la generación del baby boom, los nacidos entre 1958 y
1978, elevará de nueve millones a 15 millones el número de pensionistas.
Para afrontar el problema ya se hizo una reforma hace dos años. Según
el informe de envejecimiento de la Unión Europea de 2012 (Ageing
Report), aquellos cambios provocaron una de las mayores reducciones de
gasto previsto en pensiones en Europa junto con Grecia, Luxemburgo y
Letonia.
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