El Ejecutivo dará a las comunidades autónomas la posibilidad de cancelar esta medida durante cuatro años, siempre que haya al menos un 15% de VPO sin vender
El sector inmobiliario sigue lastrado por
la atonía de la demanda. Pese a los ligeros repuntes de principios de
año por el efecto del fin de los beneficios fiscales para la compra de vivienda,
que se eliminó definitivamente 1 de enero, la compraventa de viviendas
se redujo un 12,6% el pasado mes de marzo. La evolución de la vivienda
protegida (VPO) ha reflejado también la fragilidad de un mercado en
pleno proceso de transformación y redimensionamiento: si, en los años de
bonanza, era raro el trimestre en el que la venta de VPO no superaba
las 10.000 unidades, durante 2012 sólo el cuarto trimestre superó esa frontera psicológica (14.782).
Con el fin de adaptar la situación de
la vivienda protegida a la «realidad del mercado», el grupo popular ha
introducido una enmienda en el Congreso de los Diputados para el
proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas por
el que «durante un plazo máximo de cuatro años, las comunidades
autónomas podrán dejar en suspenso» el artículo de la ley de suelo que
regula la disposición de terreno para vivienda protegida. Esta normativa
establece que al menos el 30% del suelo en los planes urbanísticos debe reservarse para facilitar la vivienda a todos los ciudadanos, al margen de su nivel adquisitivo. 
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