El magistrado ha podido vulnerar derechos fundamentales de los
afectados al solicitar correos electrónicos de Blesa mediante una
providencia y sin motivar
La actuación de Elpidio José Silva,
el juez que ordenó este miércoles por segunda vez el ingreso en prisión del expresidente
de Caja Madrid Miguel Blesa, tiene muy enfadada a la fiscalía. El
ministerio público abrió a Silva hace semanas unas diligencias de
investigación a raíz de una denuncia de la defensa de Blesa. Pero ahora
está “estudiando muy seriamente” interponerle una querella por
prevaricación continuada”. Así lo explicó a EL PAÍS el fiscal jefe del
Tribunal Superior de Madrid, Manuel Moix.
La fiscalía quiere indagar las irregularidades o delitos que se
ciernan sobre la gestión de Blesa, pero “lo que se haga”, señalan
fuentes de la fiscalía, “hay que hacerlo bien, y ajustado a Derecho,
para evitar futuros problemas de nulidad de actuaciones”.

Lo que “preocupa” especialmente a la fiscalía es que Silva está
cometiendo “irregularidades procesales” en la instrucción de las piezas
que afectan a Caja Madrid y puede estar vulnerando “derechos
fundamentales”. La pieza matriz que dio lugar a esta investigación es el
supuesto crédito impagado de
26,6 millones concedido por Caja Madrid al expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán. De ahí, fruto del testimonio de un testigo, surgió otra ramificación: el supuesto sobrecoste de 500 millones de euros
que pagó Caja Madrid por la compra del City National Bank de Florida (EE UU).
Una de las supuestas irregularidades es que el juez Silva está
acordando mediante providencias diligencias que afectan a los derechos
fundamentales, cuando en realidad debía hacerlo “mediante autos y de
forma motivada”. Mediante una providencia, que ocupa seis folios y “que
carece de la necesaria motivación jurídica”, Silva ha pedido a Caja
Madrid, que le ha remitido ya una primera e importante remesa, los
correos electrónico del expresidente Blesa. “La intervención de esas
comunicaciones es una medida muy invasiva, destinada a indagar delitos,
pero no hechos ocurridos hace cinco años, en 2008”, destacan estos
medios.
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