Los expertos destacan que la doctrina más reciente del Supremo «tiende a focalizar la solución de los conflictos sobre la base de los efectos del incumplimiento del deber de información por parte de la entidad financiera»
El 59,37% de los clientes particulares que compraron participaciones preferentes y decidieron demandar a las entidades financieras que
se los colocaron han logrado una resolución favorable de los juzgados
de Primera Instancia o de las audiencias provinciales, según el Observatorio de la Jurisprudencia de Productos Financieros Complejos
en 2012 elaborado por Jausas. El despacho de abogados ha señalado que
la práctica totalidad de sentencias dictadas en 2012 se refieren a la comercialización de participaciones preferentes emitidas por Lehman Brothers, que quebró en septiembre de 2008, o de bancos islandeses (Landsbanki y Kaupthing, principalmente).
Tan sólo tres se refieren a la venta de participaciones
preferentes emitidas por entidades financieras españolas, de las que dos
son nacionalizadas. El informe hace referencia a algunas sentencias del
primer semestre de 2013 por su especial relevancia, entre las que destacan dos resoluciones del Tribunal Supremo que apuntan hacia una jurisprudencia.
El socio de Jausas Jordi Ruiz de Villa ha subrayado que la doctrina del
Tribunal Supremo más reciente «tiende a focalizar la solución de los
conflictos sobre la base de los efectos del incumplimiento del deber de información
por parte de la entidad financiera, atribuyendo a dicha falta de
información la consecuencia de que la entidad deberá indemnizar a los
inversores por el daño causado».
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