Cerca de 1,8 millones de trabajadores, según los sindicatos, o poco más de 700.000, según la patronal, podrían sufrir un deterioro de sus condiciones laborales
El fin de la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de 1.682 convenios laborales, terminó ayer dejando a cerca de 1,8 millones de trabajadores españoles en
la incertidumbre del vacío legal y con el riesgo de perder una parte
importante de sus derechos laborales. Estas son las claves para entender
la situación a la que se enfrentan.
¿Qué es el fin de la «ultraactividad»?
La «ultraactividad» es la renovación automática de un convenio laboral hasta que se logra negociar otro que lo sustituya.
Gracias a la «ultraactividad», los convenios laborales se prorrogaban
de forma automática y su vigencia era infinita. Pero la reforma laboral
aprobada el año pasado puso un límite máximo de un año a estas normas
estatutarias. Límite que acababa ayer, 8 de julio. En palabras del
abogado Antonio V. Sempere Navarro, de Abogados Pómez Acebo, «los
convenios colectivos tienen una duración determinada para evitar la «petrificación» de las condiciones de trabajo». Sin embargo, «el miedo al vacío regulatorio justificó que desde 1980 el legislador instituyese una prórroga indefinida de las cláusulas normativas».
¿A quién afecta?
Loterías y Apuestas
del Estado, ICO, Cruz Roja, Freixenet, etc..., son algunos de los
convenios colectivos afectados por el fin de la prórroga de los
convenios. Sindicatos y patronal consensuaron el pasado 5 de abril
que entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012 se habían
denunciado 1.682 convenios (3,5 millones de trabajadores), de los que de
acuerdo con un recuento de CC.OO. y UGT a 3 de julio 1.324 convenios
aún están pendientes de firma. Estos convenios afectan a más de 1,8
millones de trabajadores, la mayoría de ellos pertenecientes al sector
privado. Áreas como los curtidos, la elaboración de productos
precocinados, las consultoras o incluso las aguas se verán afectadas. Lo mismo ocurre en el sector público, donde 371 convenios (148.076 trabajadores), en su mayor parte pertenecientes a ayuntamientos y a organismos, empresas y entidades públicas caerán en el vacío regulatorio. 
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