Además de poner en jaque a esta industria, la aplicación de la polémica medida está rodeadada de interrogantes
¿Qué es el «tax lease» y a quién beneficia?
Es un modelo de financiación
por el cual un armador encarga un buque a un astillero, pero su
construcción la financia un grupo de empresas inversoras. Esta
agrupación de compañías y las navieras se benefician entonces de
deducciones fiscales de hasta el 30% sobre el coste del buque. España lo
aplicó entre 2002 y 2011, año en que Bruselas lo empezó a investigar a
raíz de una denuncia de Holanda y otros países.
¿Por qué Bruselas las considera ilegales?
La Comisión Europea considera que esas bonificaciones son
«parcialmente incompatibles» con las normas europeas sobre ayudas
estatales. Primero, porque da a los inversores una ventaja competitiva. Y
segundo, porque el Gobierno de Zapatero no había informado formalmente
de su aplicación a Bruselas. Eso sí, las ayudas que se adaptaron a la
directiva europea sobre incentivos al transporte marítimos no se ven
afectadas.
¿Quién devolverá las ayudas a Hacienda?
Bruselas absuelve de devolverlas a los astilleros y a los
armadores, y reclama su reembolso sólo a las agrupaciones de interés
económico que financiaban los buques. Son empresas casi siempre ajenas
al sector naval, como Inditex, El Corte Inglés, Ikea y Banco Santander, que financiaban buques para aplicarse esas bonificaciones fiscales.
¿Qué cantidad tendrán que devolver los inversores?
El sistema generó desgravaciones por 2.800 millones en una
década, pero Bruselas no ha fijado qué parte de esa cuantía deberán
devolver los inversores. Será Hacienda el que tenga que discernir qué deducciones son legales y cualés no, y por tanto qué compañías devolverán las ayudas y la cantidad concreta a asumir.
¿Se queda España así sin ayudas a su sector naval?
No. Desde el pasado 1 de enero está en vigor un nuevo sistema de «tax lease».
La diferencia con el viejo, además de su comunicación a Bruselas, está
en tecnicismos por los cuales la UE se asegura que esas desgravaciones
benefician sólo a empresas del naval, no a compañías de otros sectores.
¿Qué sucede en otros países de la Unión Europea?
Bruselas declaró en 2007 ilegal el «tax lease» francés.
Ahora, y tras una denuncia de España, investiga el de Holanda. Almunia
hará lo mismo con los sistemas de Grecia, Chipre, Malta y de nuevo
Francia, entre otros países, según avanzó recientemente. La resolución
de ayer sobre el caso español, según Pymar, puede sentar precedente.
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