Las entidades deben informar de gastos anuales con tarjeta desde 30.000 euros y movimientos que sumen tres millones
¿Dónde acaba el derecho a la intimidad y empieza el derecho de
Hacienda a conocer movimientos bancarios de los ciudadanos para prevenir
el fraude? El debate, al menos a nivel judicial, ya tiene una
conclusión. Alrededor de una decena de sentencias de la Audiencia
Nacional correspondientes a 2012 y 2013 concluyen que la banca y las
empresas de medios de pago tienen la obligación de ceder al fisco
información masiva de los movimientos de sus usuarios —no solo del
saldo—, aunque no esté en marcha ninguna investigación específica contra
alguno de ellos.
Así, las entidades financieras tendrán que detallar, por ejemplo, las
cuentas bancarias que un determinado ejercicio hayan tenido unos
movimientos totales anuales por suma de apuntes en el haber por importe
superior a los tres millones de euros si la Agencia Tributaria lo
reclama. Asimismo, las emisoras de tarjetas o empresas de medios de pago
también quedan obligadas por los jueces a detallar los clientes que
hayan realizado con tarjeta de crédito o débito pagos anuales por valor
de 30.000 euros o más. Esa es la conclusión de los recursos presentado
por diversas entidades (como el banco BBVA, el Santander, el Sabadell,
el Popular, sistemas 4B, entre otras) contra los requerimientos del
fisco y desestimados por la Audiencia Nacional.
Hacienda ya puede pedir los datos de un cliente cuando le está
investigando y el saldo de un contribuyente, necesario para la
declaración de la renta, lo que estaba en discusión es si el fisco podía
pedir de forma generalizada datos privados y la respuesta es que sí.
Las sentencias más recientes son del 20 y del 27 de junio pasados y
corresponden al Banco Sabadell y al Popular por datos correspondientes a
2008 y 2009.
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