La magistrada suspende las videoconferencias con los represaliados por una llamada del embajador argentino manifestándole el “malestar” del Ejecutivo español
Todo estaba preparado. En Madrid y en Buenos Aires. La juez agentina en cuyas manos cayó la querella por los crímenes del franquismo
tras el procesamiento de Baltasar Garzón esperaba con todo el equipo ya
preparado escuchar por videoconferencia los tres primeros testimonios
de las víctimas. Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974,
Fausto Canales, hijo de un fusilado llevado sin consentimiento familiar
al Valle de los Caídos, y Pablo Mayoral, parte del consejo de guerra
por el que finalmente fue fusilado Xosé Humberto Baena a apenas dos
meses de la muerte de Franco, entraron en el consulado argentino de
Madrid para contar su historia. Pero tras tenerles hora y media
esperando, les comunicaron que las videoconferencias con la juez se
habían suspendido. La razón: el Gobierno había manifestado su malestar
por el procedimiento y paralizado las declaraciones.
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