viernes, 28 de junio de 2013

El juez del ‘caso Nóos’ pregunta a las partes si debe encausar a Gallardón

Manos Limpias pide que elexalcalde de Madrid sea encausado por los pagos a Madrid 2016

El juez que investiga el caso Nóos, José Castro, ha trasladado a las partes la petición del pseudosindicato Manos Limpias de encausar al ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, por los pagos de la candidatura Madrid 2016. En el caso de que así fuera, sería una pieza separada del caso.
La petición del pseudosindicato se basa en la declaración ante el juez de la antigua consejera delegada de Madrid 16 y exdirectora de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Mercedes Coghen, imputada en el caso. En el interrogatorio, el pasado febrero, esta aseguró que el entonces alcalde de la capital, Gallardón, estaba al corriente de todas las decisiones de la candidatura.
Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, imputados en el caso Nóos, con la ayuda del empresario Joaquin Boixareu y el abogado Ramon Bergós, montaron la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), sucesora a la vez de la fundación Areté. Estas entidades —efímeras— fueron pantallas manejadas para ocultar el papel del duque en el entramado. La fundación fue contratada por Madrid 2016.
Alberto Ruiz-Gallardón
El juez Castro indagó sobre las circunstancias que motivaron la contratación por la candidatura madrileña del lobby de Iñaki Urdangarin y la inexistencia de una completa documentación de apoyo sobre los servicios realizados. La Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) reflejó, en tres facturas, los trabajos bajo sospecha a la sociedad Madrid 16 que pugnó por lograr la nominación olímpica. El Ayuntamiento de Madrid admitió en una carta al juez que había entregado 120.000 euros a la fundación de Urdangarin y su socio, “sin que se haya podido hasta ahora justificar a qué servicios corresponde el cobro de las citadas cantidades”.
La fundación figuró ligada a otra empresa de Nóos, De Goes Center Stakelholder Management, investigada por un supuesto desvío de capitales al exterior. En marzo de 2006 la Casa del Rey vetó las actividades económicas con instituciones del esposo de la infanta. Entonces el duque usó otras fórmulas para actuar, según los investigadores.
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