El déficit del 1,8% del PIB de la Seguridad Social dispara la alerta en Bruselas | La decisión de Rajoy de subir las pensiones un 1% en el 2013 implica un aumento del 4,9% del coste del sistema
"Si no quieres tener una vejez pobre, ahorra". Así hablaba hace más de treinta años Adolfo Jiménez, el padre del actual sistema público de pensiones. El motivo es que los pensionistas
reciben de media 4 veces más de lo que aportan. Un informe interno
elaborado por los técnicos de la Seguridad Social indica que estas
cantidades oscilan entre un mínimo de 2,5 veces y llega hasta 7 veces
por encima de las cotizaciones realizadas.
Esta es la razón por la que todas las reformas de la Seguridad Social realizadas durante la democracia se han dirigido a hacer más contributivo el sistema público. Es decir, a que la pensión se aproxime a la aportación que hacen los trabajadores. La primera de ellas fue en 1985 cuando el entonces ministro de Trabajo Joaquín Almunia puso fin a la "compra de pensiones" -se cotizaba muy poco a lo largo de toda la vida laboral y mucho los dos últimos años que se tomaban como referencia para el cálculo.
Esa situación fue sostenible gracias al fenómeno demográfico que produjo la Guerra Civil, que evitó que se jubilaran cerca de un millón y medio de trabajadores que murieron en la contienda. Eso permitió al sistema llegar a trancas y barrancas a 1995 cuando se firmó el pacto de Toledo. Sin embargo, ese acuerdo solo puso otro remiendo hasta 2023. Como explicaba en aquel momento Francesc Homs (entonces diputado de CiU) fue "un pacto generacional". Los diputados ya sabían entonces que no se resolvería el problema de fondo, que es el que causaría la jubilación de los nacidos en el baby boom de los sesenta. Es decir, de los ciudadanos que ahora tienen en torno a los 50 años.
Esta es la razón por la que todas las reformas de la Seguridad Social realizadas durante la democracia se han dirigido a hacer más contributivo el sistema público. Es decir, a que la pensión se aproxime a la aportación que hacen los trabajadores. La primera de ellas fue en 1985 cuando el entonces ministro de Trabajo Joaquín Almunia puso fin a la "compra de pensiones" -se cotizaba muy poco a lo largo de toda la vida laboral y mucho los dos últimos años que se tomaban como referencia para el cálculo.
Esa situación fue sostenible gracias al fenómeno demográfico que produjo la Guerra Civil, que evitó que se jubilaran cerca de un millón y medio de trabajadores que murieron en la contienda. Eso permitió al sistema llegar a trancas y barrancas a 1995 cuando se firmó el pacto de Toledo. Sin embargo, ese acuerdo solo puso otro remiendo hasta 2023. Como explicaba en aquel momento Francesc Homs (entonces diputado de CiU) fue "un pacto generacional". Los diputados ya sabían entonces que no se resolvería el problema de fondo, que es el que causaría la jubilación de los nacidos en el baby boom de los sesenta. Es decir, de los ciudadanos que ahora tienen en torno a los 50 años.
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