Los economistas no se ponen de acuerdo a la hora de evaluar la polémica medida que sugirió el Banco de España
Hace no demasiados años el debate se
centraba en las posibles repercusiones de una subida del salario mínimo
interprofesional (SMI). El anterior presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, incluso se había comprometido en la campaña de las
elecciones generales de 2007 a alcanzar los 800 euros mensuales
a comienzos de 2013. Eran otros tiempos. Las recomendaciones ahora se
dirigen en sentido contrario. El viernes pasado, el gobernador del Banco
de España, Luis María Linde, aconsejó crear contratos fuera de
convenio, que pasaran por alto la figura del salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente en 645,30 euros mensuales. El objetivo: fomentar los contratos de larga duración, aunque con salarios inferiores al mínimo legal.
La respuesta de los sindicatos, como
era de esperar, fue fulminante. El secretario de Acción Sindical de UGT,
Toni Ferrer, aseguró que «el Banco de España plantea un modelosemiesclavista, sin derechos, ni sueldos dignos»,
que aleja a nuestro país lejos del nivel recomendado por la Carta
Social Europea (CSE), firmada por España en 1985. Este acuerdo, sobre el
que los sindicatos fundamentan sus peticiones, establece que el SMI
debe suponer un 60% del salario medio neto (22.790 euros al año).
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